de España, financiada por la Vicerectoría de Investigaciones de la Universidad Militar Nueva Granada Bogotá, Colombia, en el año 2017.


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1 Regulación Energética Comparada: El caso de la República de Colombia y el Reino de España 1 Documento para su presentación en el VIII Congreso Internacional en Gobierno, Administración y Políticas Públicas GIGAPP. (Madrid, España) del 25 al 28 de septiembre de Autor(es): Rodríguez Borda, Camilo Andrés Institución de Procedencia: Universidad Militar Nueva Granada / Resumen: Ante la dependencia contemporánea a la explotación de recursos no renovables para la producción o fabricación de diversos bienes, o para el sostenimiento de las economías locales, regionales y globales, los estados nacionales o las regiones políticas y económicas como la Unión Europea, MERCOSUR O Alianza del Pacifico han construido una serie de organizaciones que regulan a los actores de los mercados energéticos. Dentro de estos actores se encuentran las empresas privadas, mixtas o públicas que realizan la explotación de recursos no renovables y comercializan diversos tipos de energía, como los hidrocarburos. En algunos casos, especialmente después de los cambios hacia el libre mercado posteriores a la Guerra Fría, los estados han retirado su participación en los mercados energéticos, pero en forma simultanea han llenado esos vacíos con regulaciones estrictas para el suministro de bienes o servicios, siempre sobre la base de la construcción de estándares que garanticen el continuo suministro para sus ciudadanos, que en caso de no ser satisfechos implica sanciones para los actores del mercado. Sobre la base de esta premisa, la presente ponencia presenta los avances de una investigación basada en el Modelo Teórico Neo institucional, donde se expone un análisis comparado de los contextos regulatorios específicos del Reino de España y la República de Colombia, que nos permite identificar las instituciones Inclusivas y Extractivas vigentes en cada nación, dentro del sector energético. Palabras clave: Regulación Institucionalismo Políticas Públicas Nota biográfica: Camilo Rodríguez es Politólogo, Especialista en Gobierno y Políticas Públicas y Magister en Planificación y Administración del Desarrollo Regional de la Universidad de Los Andes, Bogotá Colombia. Actualmente es Profesor de Planta y director del Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada en Cajicá Colombia. 1 Esta ponencia se realiza en el marco de la Investigación Instituciones y Regulación Energética en el Reino de España, financiada por la Vicerectoría de Investigaciones de la Universidad Militar Nueva Granada Bogotá, Colombia, en el año

2 LA REGULACIÓN EN EL CONTEXTO DEL INSTITUCIONALISMO Por qué regulan los Estados? Sobre la base de la vigencia del modelo Neoliberal en el ámbito internacional, las dinámicas y conceptos angulares de la regulación o intervención del Estado se basan en la función básica del Estado Neoliberal, que es suplir las fallas del mercado. En este sentido el Estado interviene para suplir estas fallas que se crean por tres supuestos básicos: 1) Los agentes del mercado maximizan racionalmente, son tomadores de precios y no hay barreras de entrada o salida del mercado. Esto quiere decir que ninguno de ellos tiene la capacidad o el poder de, por sí sólo, influenciar los precios del mercado sea por intermedio de las cantidades producidas o de la variación del número de agentes; 2) Los bienes y servicios transados en el mercado son homogéneos, están en cabeza de propiedad privada y ellos son garantizados por el Estado. Cuando se dice que el bien es homogéneo se busca es analizar los bienes de un mercado particular para que puedan ser sujetos a adición como lo que son. Así pues, aun cuando sean bienes sustitutos, para los mercados no es posible sumar peras con manzanas a menos que estemos estudiando el mercado agregado de las frutas. Por otro lado, los derechos de propiedad y su garantía permiten que la asignación de bienes y servicios del mercado se maneje de forma eficiente; 3) La información de los participantes en el mercado es simétrica y, por ello, cada uno de los agentes posee previsión perfecta (conoce que quiere hacer cada agente) y completa (conoce la utilidad esperada de cada agente por cada acción). Esto quiere decir que, en el mercado, ninguno de los agentes tiene más información que otro, de manera tal que cada uno conoce que saben los demás y los demás saben que cada uno de los participantes conoce lo que los demás saben, de modo que todos saben que cada uno conoce que ellos conocen los que los demás saben. Así, sin ventajas, todos tienen la capacidad de prevenir perfectamente el comportamiento de los demás, de manera que es posible determinar cuál será el efecto de la acción de cada agente 2 (Miranda: 2004) Cómo regulan los estados? En el ámbito norteamericano el concepto de regulación es similar al que en el ámbito de América latina conocemos como intervención, palabra que proviene de la raíz latina intervenire, que se entiende como tomar parte, interceder o mediar en algún asunto. (Ibíd: 77). En el caso de los estados sociales de derecho se considera que la intervención cumple cinco funciones: 1) La redistribución del ingreso y de la propiedad; 2) La estabilización económica o de racionalización en el manejo de los recursos públicos; 3) La asignación de recursos, entendida como la distribución del patrimonio público entre los órganos del Estado; 4) La defensa de un mercado libre 2 Márquez Escobar, Pablo Introducción a la relación entre el Derecho y la Economía. En: Colección de ensayos del Centro de Estudios en Derecho y Economía. JAVEGRAF. Bogotá, Páginas 47 y 48. 2

3 y transparente, corrigiendo las fallas que afecten su funcionamiento; función de regulación económica y social. 3 y 4) La Para el caso de esta investigación tomaremos como referente la intervención del Estado en la economía, definida como el conjunto de actos de un Estado a través de los cuales toma parte, intercede o media en las transacciones directas o indirectas, sobre bienes y servicios que se presentan entre agentes en un territorio y un tiempo específico. (Ibíd:77). En este sentido Miranda & Márquez (Miranda:2004) 4 plantean la existencia de tres ámbitos en donde el Estado interviene la economía, que se expresan en el Gráfico No. 1. Para nuestro caso tomaremos dos de los ámbitos en donde se da la intervención del Estado en los procesos económicos: la actuación como agente económico 5 y la actividad de dirección. Actuación como agente económico: Esta intervención se realiza en el mercado energético petrolero. Inicialmente el Estado ejercía como productor exclusivo y dominante de un producto a través de ECOPETROL en Colombia o REPSOL en España y en la actualidad como productor y consumidor, en el caso de la industria de refinación y demanda interna de hidrocarburos. También el Estado interviene como demandante de mano de obra en los mercados laborales o como proveedor de bienes y servicios provenientes de la explotación de monopolios estatales, de recursos naturales o de bienes de su propiedad. A través de este tipo de intervención los estados recaudan tributos y multas que les permiten tener una capacidad discrecional para incentivar y/o disuadir la producción de ciertos bienes o la prestación de ciertos servicios por medio de un Sistema Tributario. 3 Polo-Rosero, Miguel Sobre la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. En: Revista de la Maestría en Derecho Económico No. 2. JAVEGRAF. Bogotá. 4 Los autores basan su escrito en los trabajos de: López Garavito, Luis Fernando Intervencionismo de Estado y economía pública. Universidad Externado. Bogotá; Ibáñez, Jorge E Estudios de derecho constitucional económico, JAVEGRAF, Bogotá; Romer, David Advanced Macroeconomics. McGraw-Hill; Naranjo Mesa, Vladimiro Teoría constitucional e Instituciones Políticas. Temis, Bogotá; Márquez Escobar, Pablo Introducción a la Relación entre el Derecho y la Economía. Colección de ensayos, CEDE, Bogotá. 5 Agente económico es un productor o consumidor de bienes y servicios. 3

4 Gráfico No. 1: Ámbitos de Intervención Económica del Estado Social de Derecho Intervención del Estado en materia económica Garantiza derechos Dirige la actividad económica Es agente económico (produce y demanda) Monopolios estatales Fomenta el acceso a derechos Interviene Normativamente Regulación económica Monetaria, crediticia, bursátil y aseguradora Finanzas públicas Recursos naturales, uso del suelo y servicios públicos Mercado laboral Derechos de contenido económico Inspecciona, vigila y controla Desarrolla actividades de orientación Controla sus ingresos y gastos Propiedad Libre empresa Servicios públicos Moneda y crédito Medio ambiente y desarrollo Actividad de Dirección: Este tipo de intervención define las restricciones a la libertad empresarial y no busca corregir las fallas del mercado o dar un orden económico, sino reflejar la política y los intereses del Estado planteados en la Constitución y las leyes. Luego, una vez definidos los límites, se establecen las autoridades y organismos encargados de la inspección, vigilancia y control del ejercicio empresarial, para lo cual los estados pueden intervenir a través de la Regulación Administrativa. Con este mecanismo se constituye una Agencia del Estado que busca desarrollar el orden económico que establecen la Constitución y las leyes, es decir, una regulación sujeta al principio de legalidad. 4

5 Qué son y cómo se definen las Instituciones? Dentro del desarrollo teórico del institucionalismo se diferencian dos conceptos, el de institución y el de organización. A partir de esta aclaración entendemos a las organizaciones como grupos de acción en donde se especifican restricciones que estructuran la interacción humana y están compuestas por individuos ligados entre sí por un propósito en común de alcanzar objetivos. Dentro de las organizaciones podemos encontrar Cuerpos Políticos (organismos de regulación o partidos políticos), Cuerpos Económicos (empresas, sindicatos o cooperativas), Cuerpos Sociales (Iglesias o asociaciones) y Cuerpos Educativos (colegios o universidades). Por otro lado, las instituciones son restricciones que surgen de la inventiva humana para limitar las interacciones políticas, económicas y sociales. Estas restricciones pueden ser informales (sanciones, tabús, costumbres, tradiciones o códigos de conducta), pero también pueden ser formales (constituciones o leyes). En general el propósito de las instituciones es crear un orden y reducir la incertidumbre del intercambio, lo que puede llegar a determinar los costos de producción y de transacción, al mismo tiempo que rentabilidad y viabilidad de una actividad económica. (North: 1993) Sobre la base de la definición de las instituciones se ha desarrollado todo el enfoque del Institucionalismo, que se basa en la Teoría de Juegos para explicar la necesidad de resolver los problemas de la cooperación humana. En esta Teoría de Juegos se entiende que los individuos son maximizadores de su riqueza, de manera que ellos buscaran cooperar con otros jugadores cuando el juego en el que participan es continuo, pueden poseer información histórica sobre la estrategia que han utilizado otros jugadores, y cuando el número de jugadores es continuo y reducido. Sin embargo, la realidad empírica de la interacción humana plantea escenarios de intercambio - no solo comercial - en donde no hay certeza sobre la continuidad del juego, no hay suficiente información sobre los jugadores y hay un número elevado de participantes. Es en este escenario en donde surge la necesidad de las instituciones, que darán un orden y buscarán reducir la incertidumbre del intercambio. Sin embargo, la implementación de las instituciones o de los acuerdos para el intercambio, junto con los actores participantes que buscan maximizar su beneficio y minimizar sus costos - lógica ampliamente difundida por el pensamiento liberal - harán que el costo de implementar las instituciones sea alto o sea bajo, pero en todo caso determinaran el costo de las transacciones, la cooperación o no de los actores y el costo que tendrían que asumir los jugadores que decidieran salir del juego. (North: 1993) En suma y desde una perspectiva liberal toda esta dinámica de intercambio se desarrolla dentro del mercado, que puede considerarse un sistema en sí mismo o parte del sistema democrático capitalista (Socialdemócrata o Neoliberal), que para el caso contemporáneo puede convertirse en el elemento fundamental para que el mercado energético sea eficiente a partir de unos costos de transacción bajos, en donde se articulan actores (jugadores) y organizaciones con intereses, valores y metas diferentes. (North: 1993) Las Instituciones Políticas y las Instituciones Económicas En primer lugar, las instituciones políticas son la base fundamental a través de la cual se inicia el desarrollo institucional productivo y distributivo de una nación, entendiendo que las instituciones políticas determinan la capacidad de los ciudadanos de controlar a los 5

6 políticos e influir en su comportamiento (Acemoglu D. y Robinson J., 2012: 60). Es decir, estas instituciones pueden ser inclusivas sí los políticos obedecen a los ciudadanos, o pueden ser extractivas sí son capaces de abusar de su poder para su propio beneficio. Dentro de esta categoría institucional se incluyen las Constituciones, para el caso de democracias, y la capacidad que tiene un Estado para gobernar a la sociedad. Con mayor profundidad podemos considerar que las Instituciones Políticas Inclusivas se constituyen a partir de un centro de poder que permite una aplicación eficaz y no difusa de su autoridad, al tiempo que son pluralistas y permiten la existencia de unos medios de comunicación libres que ayudan a eliminar instituciones económicas que expropian los recursos de la mayoría, al levantar las barreras para la entrada de nuevos competidores y suprimir mercados que solamente benefician a un número reducido de ciudadanos. (Acemoglu D. y Robinson J., 2012: 102, 380). Por el contrario, las Instituciones Políticas Extractivas concentran el poder en manos de una élite reducida, con pocos límites a su autoridad y con una constante tendencia a estructurar instituciones económicas para extraer recursos del resto de la sociedad. Cabe decir que las instituciones económicas extractivas están acompañadas de instituciones políticas extractivas (Acemoglu D. y Robinson J., 2012: 103), que en su máxima expresión pueden convertirse en instituciones políticas absolutistas, que usualmente hemos conocido en América Latina. Por otro lado, las Instituciones Económicas Inclusivas se basan en Instituciones Políticas Inclusivas porque al repartir ampliamente el poder en la sociedad limitan su ejercicio arbitrario, al mismo tiempo que impiden que se usurpe el poder y se socaven las bases de las instituciones inclusivas. Es tipo de instituciones debe ofrecer seguridad de la propiedad privada, un sistema jurídico imparcial y unos servicios públicos que proporcionen igualdad de condiciones a las personas que deseen realizar un intercambio o firmar un contrato, además de permitir la entrada de nuevas empresas y dejar que cada persona elija la profesión a la que se quiere dedicar. Como consecuencia este tipo de instituciones permiten un reparto al menos más equitativo de los recursos, al mismo tiempo que allanan el camino para la apertura tecnológica y educativa, y también facilitan la existencia continua de instituciones políticas inclusivas donde el poder político no pueden utilizarse fácilmente para establecer instituciones económicas extractivas en beneficio propio. (Acemoglu D. y Robinson J., 2012: 96, 99, 105). En forma opuesta las Instituciones Económicas Extractivas impiden las características inclusivas porque buscan extraer rentas y riquezas de un subconjunto de la sociedad para beneficiar a un subconjunto distinto. Al mismo tiempo estas instituciones, que conviven con instituciones políticas extractivas, provocan luchas internas que conducen a la concentración de la riqueza y el poder en manos de un pequeño grupo político, social o económico. (Acemoglu D. y Robinson J., 2012: 98). 6

7 EL CASO DE LA REGULACIÓN PETROLERA EN ESPAÑA En el ámbito de la regulación petrolera española, la ley 34/1998 inició una legislación de corte unificador y a su vez liberal, la cual recopiló la normativa existente y se acondicionó al ordenamiento constitucional, a la vez que suprimió la reserva en favor del Estado, reguló los almacenamientos subterráneos, creó la figura del operador y constituyó las obligaciones de desmantelamiento de las instalaciones que los concesionarios deben asumir. No obstante, las medidas de esta ley encaminadas a la corrección de falencias institucionales probo ser insuficiente a lo que la ley 8/2015, de 21 de mayo, sobre hidrocarburos asumió a modo correctivo del papel regulatorio. Sin embargo, antes de abarcar dicha ley, es necesario describir la jerarquía del sector petrolero en España, este orden cobijado por la ley e instituciones pertinentes describe la estructura de la siguiente manera: Son operadores al por mayor aquellos sujetos que comercialicen productos petrolíferos para su posterior distribución al por menor, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 34/1998 del sector de hidrocarburos. Asimismo, en dicho artículo se establece que la Comisión Nacional de Energía, actualmente Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, publicará en su página un listado de los operadores al por mayor de productos petrolíferos que incluirá aquellas sociedades que hayan comunicado al Ministerio el ejercicio de esta actividad. De acuerdo al Libro de la Energía 2015 los siguientes son operadores al por mayor de GLP: Atlas, s.a. combustibles y lubrificantes, BP oil España, s.a., CEPSA comercial petróleo, s.a.u., Compañía de gas licuado Zaragoza, s.a., Disa gas, s.a., Galp energía España, s.a.u., Primagas energía, s.a.u. REPSOL butano, s.a., Vitogas España, s.a.u Por otro lado, los distribuidores al por menor de productos petrolíferos se definen dentro de la actividad de distribución al por menor de productos petrolíferos que comprende, según establece el artículo 43 de la Ley 34/1998, el suministro de combustibles y carburantes a vehículos en instalaciones habilitadas al efecto, el suministro a instalaciones fijas para el consumo en la propia instalación, el suministro de queroseno con destino a la aviación, el suministro de combustibles a embarcaciones y cualquier otro suministro que tenga por finalidad el consumo de estos productos. La actividad de distribución al por menor de carburantes y combustibles petrolíferos puede ser ejercida libremente por cualquier persona física o jurídica. Entre algunos distribuidores se pueden encontrar: Atlas, s.a. combustibles y lubrificantes, CEPSA comercial petróleo, s.a.u., Ch gas, s.l, disa gas, s.a., Distribución y comercialización de gas extremadura, s.a., Domus mil gas, s.a., Exproyect, s.l., Galp energía España, s.a.u., Gasindur, s.l., Iberpropano, s.a., Naturgas energía distribución, s.a.u., Primagas energía, s.a.u., Redexis gas, s.a., REPSOL butano, s.a., Virtus energía, s.a., Vitogas España, s.a. De la misma manera, los operadores al por mayor de GLP, definidos como aquellas sociedades mercantiles que realicen las actividades de almacenamiento, 7

8 mezcla y envasado, transporte y comercialización al por mayor de GLP, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 34/1998, del sector de hidrocarburos. Finalmente, los comercializadores al por menor de GLP a granel son aquellas sociedades mercantiles que realicen las actividades de almacenamiento, mezcla, transporte y comercialización al por menor de GLP a granel, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 34/1998, del sector de hidrocarburos. Demanda de Petróleo a Nivel Interno: El consumo de productos petrolíferos, incluyendo fuelóleos para bunkers de navegación marítima, pero sin incluir autoconsumos de refinerías, alcanzó 55,2 millones de toneladas en 2015, con un aumento del 2,5% respecto al del año anterior, como se indica en el cuadro 7.17, rompiendo así la tendencia de años anteriores (en 2014 el descenso fue del 1,4% respecto al 2013, y en el año 2013 de un 8,9% respecto del año anterior). Este aumento se debe fundamentalmente al incremento en los consumos finales de carburantes del transporte y a un aumento del consumo en generación eléctrica. Expresada en toneladas equivalentes de petróleo, la demanda final de productos petrolíferos en el transporte ha aumentado globalmente un 4%. Por productos, continúa el aumento de la demanda de querosenos de un 4,2% pero al contrario que ocurrió en el año 2014, se produce de nuevo una disminución de la demanda de fuelóleos de un 8,0%. En gasóleos se ha producido un aumento de la demanda de un 5,1% derivado de una mayor actividad del transporte de mercancías y la mejora en las matriculaciones de automóviles, favorecida por las medidas de apoyo de la Administración. En gasolinas, tras dos años de descenso de demanda anual, se produce en 2015 un ligero aumento de un 0,7%. En cuanto a los sectores energéticos transformadores, en los sistemas extra peninsulares se ha producido un aumento de la demanda de productos petrolíferos para generación eléctrica en La cogeneración con productos petrolíferos ha disminuido en 2015 tras el aumento en En conjunto, la generación eléctrica con productos petrolíferos sigue teniendo un peso bajo, alrededor del 5%, en la estructura de generación total nacional. El consumo estimado de fuelóleos y otros productos, incluyendo combustibles de navegación marítima y excluyendo consumos propios de refinerías y pérdidas, alcanzó 13,4 millones de toneladas, con un descenso del 5%, continuando la tendencia del año anterior. En la Tabla No. 1 se compara el consumo de derivados del petróleo entre los años 2014 a 2015 (Ministerio de Industria, Energia y Turismo, Secretaria de Estado de Energia: 2014, 2015). Oferta producción de petróleo Producción interior de petróleo crudo La producción nacional de crudo durante el año 2015 ascendió a 232 Tm. (aproximadamente 1,7 millones de barriles de petróleo), lo cual supone un descenso de la producción del 24% respecto al año anterior, en el que ya se constataba una tendencia descendente en la producción. No obstante, hay que tener en 8

9 cuenta que el reducido número de campos y la limitada producción nacional, prácticamente testimonial, hacen que cualquier cambio se traduzca en grandes variaciones de la producción de un año a otro. Tabla No. 1 Producción de Crudos: En cuanto a la producción petrolera española, los campos productores son actualmente: Lora (Burgos), Casablanca-Montanazo (Casablanca), Rodaballo, Angula-Casablanca (Boquerón) y Lubina-Montanazo (Lubina). Estos cuatro últimos campos están situados en el mar Mediterráneo en el entorno de la plataforma «Casablanca» frente a las costas de Tarragona. Asimismo, hay que destacar la puesta en producción del yacimiento Viura durante la ejecución de una prueba de producción de larga duración, en el que se produce condensado asociado al gas natural. En la Tabla No. 2 observamos el volumen de extracción de cada uno de estos campos petroleros. 9

10 Tabla No. 2 Importaciones de crudo: A partir de la información suministrada por la Tabla No. 3, se observa que en 2015 Nigeria se sitúa como principal país suministrador ( kt), que representa un 16,7% del total de las importaciones. Las importaciones de crudo procedentes de los países de la OPEP ( kt) han supuesto en 2015 un 51,8% del total, con un incremento del 8,6%. Las procedentes de países No-OPEP aumentaron un 10,3%, consecuencia del ascenso registrado en México y Rusia. Por zonas geográficas, aumentan las importaciones prácticamente en todas las zonas geográficas, a excepción de Oriente Medio (-1,5%). Tabla No. 3 Marco Normativo: A partir de la ley 8/2015, por la que se modifica la Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, se incluyeron las siguientes novedades con relación a los gases licuados del petróleo: Se define de forma explícita el suministro de GLP por canalización. 10

11 Se incluye una habilitación para regular, por vía reglamentaria, las obligaciones y derechos que deben contemplar los sujetos que realizan actividades relacionadas con el suministro de GLP. Se establece que los operadores al por mayor de GLP y los comercializadores al por menor de GLP a granel deberán constituir y mantener actualizado un seguro de responsabilidad civil u otras garantías financieras en cuantía suficiente para cubrir los riesgos de las actividades ejercidas. Esta obligación ya venía determinada a nivel reglamentario, pero fruto de la regulación de esta materia por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y posteriormente por la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, debe establecerse esta obligación en una norma con rango de ley. Se incluye que tanto los operadores como los comercializadores referidos tienen que comunicar, no solo cualquier hecho que suponga una modificación de alguno de los datos incluidos en la correspondiente declaración responsable, que tienen que presentar para el inicio de la actividad, sino también, en su caso, el cese de la actividad. Asimismo, se especifica que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, debe eliminar del correspondiente listado de operadores al por mayor de GLP y de comercializadores al por menor de GLP a granel, a aquellos que comuniquen dicho cese de la actividad. Se actualiza la obligación de suministro del comercializador al por menor de GLP a granel estableciendo que los comercializadores al por menor de GLP a granel tienen la obligación de suministrar GLP a todos los consumidores que dentro de la provincia en la que esté actuando el comercializador, lo soliciten. Se incluye que los operadores al por mayor de GLP deben exigir a cualquier comercializador al por menor de GLP y a los titulares de todas las instalaciones a las que suministren, la documentación acreditativa de que sus instalaciones cumplen la normativa vigente. Hasta el momento estaba limitado a los comercializadores al por menor de GLP envasado y a los titulares de las instalaciones de GLP a granel, lo que supone una restricción contra la seguridad de las instalaciones. Se recoge una nueva infracción muy grave relativa a la obligación de suministro domiciliario de GLP envasado y se modifica la infracción relativa a la negativa a suministrar gases por canalización a consumidores en régimen de tarifa y precios regulados, para hacerla extensiva al GLP envasado y al GLP canalizado. Normativa a nivel comunitario: Directiva 2009/119/CE del Consejo, de 14 de septiembre de 2009, por la que se obliga a los Estados miembros a mantener un nivel mínimo de reservas de petróleo crudo o productos petrolíferos. (Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 9/10/2009) Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE. (DOUEL 211/94 de 14/8/2009) 11

12 Reglamento (UE) nº 994/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, sobre medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas y por el que se deroga la Directiva 2004/67/CE del Consejo. (DOUEL 295/1 de 12/11/2010) Tratados, Acuerdos, programas de cooperación de carácter internacional Acuerdo sobre un programa Internacional de Energía, hecho en París el 18 de noviembre de (BOE 83 de 7/4/1975) Se adjunta la versión en vigor desde Acuerdos bilaterales de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Francesa relativo a la imputación recíproca de existencias mínimas de seguridad de crudo, de productos intermedios del petróleo y productos petrolíferos, hecho en Madrid el 4 de octubre de (BOE 252 de 20/10/2000) Acuerdo entre el Reino de España y la República Italiana relativo a la imputación recíproca de existencias mínimas de seguridad de crudo, de productos intermedios del petróleo y productos petrolíferos, hecho en Madrid el 10 de enero de (BOE 28 de 1/2/2001) Acuerdo entre el Reino de España y la República Portuguesa relativo a la imputación recíproca de existencias mínimas de seguridad de crudo, de productos intermedios del petróleo y productos petrolíferos, hecho en Lisboa el 8 de marzo de Protocolo del acuerdo de mantenimiento reciproco de EMS entre España y Portugal, suscrito el 22 de enero de Acuerdo entre el Reino de España e Irlanda sobre el mantenimiento recíproco de emergencia de petróleo crudo y productos petrolíferos, hecho en Madrid el 12 de diciembre de (BOE 37 de 12/2/2013) Acuerdo entre Reino de España y el Gobierno de la República de Malta sobre el mantenimiento de reservas de petróleo crudo y productos petrolíferos almacenadas en el territorio de España, hecho en Madrid el 18 de junio de (BOE 184 de 2/8/2013) Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de Nueva Zelanda relativo a los Contratos de Reservas Petrolíferas, hecho en Madrid el 28 de octubre de 2013 (BOE 291 de 5/5/2013) Normativa sectorial: Productos Petrolíferos Normativa Básica Nacional Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. (BOE 241 de 8/10/1998) Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio, por el que se regula la obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, la diversificación de abastecimiento de gas natural y la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos. (BOE 206 de 26/8/2004) 12

13 Normativa de Desarrollo sobre Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia. (BOE 134 de 5/6/2013) Normativa de Desarrollo sobre especificaciones Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, por el que se determinan las especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del petróleo, y se regula el uso de determinados biocarburantes. (BOE 41 de 17/02/06) Normativa de Desarrollo sobre obligación de mantenimiento y remisión de información de Productos Petrolíferos e Inspección Orden ITC/3283/2005, de 11 de octubre de 2005 por la que se aprueban las normas relativas a los deberes de información de los sujetos obligados al mantenimiento de existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos incluidos los gases licuados del petróleo, y de gas natural, así como las facultades de inspección de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos. (BOE 255 de 25/10/2005) Orden ITC/18/2005, de 10 enero, por la que se aprueban las cuotas de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos correspondientes al ejercicio (BOE 15 de 18/1/05) Resolución de 30 de marzo de 2009, de la Dirección General de Política Energética y Minas, sobre las obligaciones de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos y de los sujetos obligados. (BOE 81 de 3/4/09) Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de 29 de mayo de 2007, por la que se aprueban los nuevos formularios oficiales para la remisión de información a la Dirección General de Política Energética y Minas, a la CNE y a CORES. (BOE 155 de 29/05/07) Normativa de Desarrollo sobre almacenamiento de existencias mínimas de seguridad en países de la Unión Europea Orden ITC/2389/2007, de 26 de Julio por la que se modifica la Orden de 18 de diciembre de 2000, sobre almacenamiento de existencias mínimas de seguridad fuera del ámbito territorial español. (BOE 186 de 4/08/07) Orden Ministerial, de 18 de diciembre de 2000, sobre almacenamiento de existencias mínimas de seguridad fuera del ámbito territorial español. (BOE 309 de 26/12/00) 13

14 Normativa de Desarrollo sobre obligación de mantenimiento y remisión de información de GLP e Inspección Orden ITC/3283/2005, de 11 de octubre de 2005 por la que se aprueban las normas relativas a los deberes de información de los sujetos obligados al mantenimiento de existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos incluidos los gases licuados del petróleo, y de gas natural, así como las facultades de inspección de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos. (BOE 255 de 25/10/05) Orden ITC/18/2005, de 10 enero, por la que se aprueban las cuotas de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos correspondientes al ejercicio (BOE 15 de 18/1/05) Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas 29/05/2007, por la que se aprueban los nuevos formularios oficiales para la remisión de información a la Dirección General de Política Energética y Minas, a la CNE y a CORES. (BOE 155 de 29/6/07) Normativa sobre precios de productos petrolíferos: En cuanto a los precios de productos petrolíferos, gases licuados del petróleo envasados desde octubre de 2012; el sistema de precios se reguló por la ITC/1858/2008, modificada en su apartado cuarto por la ITC/776/2009, de 30 de marzo. Para el primer trimestre de 2013, el precio sin impuestos se congeló y, posteriormente, la Orden IET/463/2013 de 21 de marzo pasó a ser la referente en la fijación del precio de la bombona. La Orden IET/463/2013 establecía que las revisiones de precio de la bombona pasarían a ser trimestrales y establecía un tope máximo temporal de 114,2025 c /kg, equivalente a 17,5 euros por botella de 12,5 kg hasta marzo de En julio de 2013 se alcanzó ya este tope por lo que el precio de la botella ha permanecido constante en este valor. Posteriormente en marzo de 2014, la Orden IET/337/2014 modificó la Orden IET/463/2013 prorrogando un año más el tope máximo de 114,2025 c / kg por lo que el precio de la bombona se ha mantuvo en 17,5 euros por botella durante el resto del año. Ya en marzo de 2015, la Orden IET/389/2015 vino a sustituir a la Orden IET/337/2014 introduciendo un nuevo precio máximo para los meses de marzo y abril de 2015 de 15,81 euros por botella de 12,5 kg. Desde entonces el precio de la botella ha bajado en todas las revisiones, excepto una pequeña subida en enero de 2016 y se situaba en 12,46 euros por botella de 12,5 kg en marzo de Fracturación Hidráulica legislación nacional vs legislación autonómica: En cuanto a esta práctica, en España emerge una serie de contrariedades pues a nivel autonómico: Cantabria, La Rioja, Navarra, Cataluña y País Vasco han elaborado leyes con el fin de limitar o bloquear dicha práctica. Vale destacar que el gobierno central ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad en todos los casos, con el fin de contrarrestar las medidas autonómicas. El siguiente cuadro refleja la situación: 14

15 Ley: Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público Cataluña Andalucía País Vasco Situación Actual: Recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno el 30 de octubre 2014, que fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional mediante providencia de 18 de noviembre de 2014 sobre el artículo de la Ley 3/2014 de Cataluña, por el que se prohibía la técnica de fractura hidráulica para la extracción de hidrocarburos no convencionales en Cataluña. Pero, recientemente, el 25 de abril de 2016, ha dado a conocer la sentencia que declara la inconstitucionalidad de la Ley catalana, al considera que esta da pie a una interpretación manifiestamente contraria a la legislación básica estatal pues el Fracking queda prohibido con carácter absoluto en el territorio de Cataluña siempre que su utilización concierna a cualquier ámbito competencial de la Generalitat. Proposición de Ley: Proposición de Ley por la que se regula la utilización de la fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional en la Comunidad Autónoma de Andalucía, admitida a trámite por la Mesa de Parlamento el 4 de septiembre de 2014 y tomada en consideración por el Pleno el 10 de diciembre de Situación Actual: El 26 de enero de 2015 se disuelve la Cámara y se anuncia la convocatoria de elecciones de Andalucía, que se celebran el 22 de marzo de Con ello, decae la Proposición de Ley. Ley: Ley 6/2015, de 30 de junio, de medidas adicionales de protección medioambiental para la extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica o fracking. Situación Actual. Recursos de inconstitucionalidad interpuesto por el gobierno en funciones el 8 de abril de Fuente: Maeztu, Álvarez, Martínez, Zarrabeitia, 2016 De la misma forma (Zarrabetia, Maeztu, Álvarez, & Martínez, 2016) describen de forma puntual los 3 mecanismos empleados por el legislativo en la comunidad Autónoma de País Vasco con el fin de impedir la Fracturación Hidráulica en el territorio. TRES FILTROS LEGALES CON EL FRACKING EN LA CAPV Se modifica el artículo 28 de la ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo, creando un nuevo punto 7 con el siguiente texto: En terrenos clasificados como suelo no urbanizable, en el caso de 15

16 Filtro 1 (La vía catalana) Filtro 2 (Evaluación estratégica) Filtro 3 (Ley de Aguas) aprovechamiento de hidrocarburos, no está permitida la tecnología de la fractura hidráulica, cuando pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona, o en relación con otros ámbitos competenciales de la Comunidad Autónoma Vasca, en función de lo que establezcan los instrumentos de ordenación territorial, urbanística y/o ambiental. (Basado en el artículo de la ley catalana 2/2014, de 27 de Enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público) Se aprueba, en relación con el impacto ambiental, lo siguiente: En general, cualquier plan, programa o estrategia sectorial que contemple la fractura hidráulica para la explotación de hidrocarburos, especialmente la estrategia energética vasca, deberá contar con una evaluación medioambiental estratégica. (Basado en el apartado 3.1 de la recomendación de la Comisión Europea relativa a unos principios mínimos para la exploración y producción de hidrocarburos como el gas de esquisto mediante la fracturación hidráulica de alto volumen.) Se añade un nuevo párrafo al artículo 29.1 de la ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas. En este sentido, queda prohibido el uso de la técnica de la fractura hidráulica para la explotación de hidrocarburos en aquellos espacios clasificados como riesgo de vulnerabilidad media, alga o muy alta en el mapa de vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos de la CAV. 16

17 EL CONTEXTO HISTÓRICO DE LA REGULACIÓN PETROLERA COLOMBIANA En el contexto histórico y para el entendimiento de los procesos contractuales sobre el petróleo, es preciso aclarar que en Colombia existen unas disposiciones constitucionales y legales que regulan la propiedad del subsuelo petrolífero, las cuales datan incluso desde la Constitución Política de 1886 y con algunas modificaciones en la Constitución Política de 1991, las cuales ratifican al Estado como propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables 6. En este sentido fue el Estado quien autorizó la explotación de recursos minerales, conocida como la primera autorización de contrato de explotación petrolera formal, otorgada en 1905 al señor Roberto de Mares en el Valle Medio del Rio Magdalena, seguida ese mismo año por las autorizaciones también otorgadas al General Virgilio Barco en lo que es actualmente el Departamento del Norte de Santander. Referente al contexto histórico de las regalías en Colombia, los Contratos de Concesión que tenían como características fundamentales la duración de 50 años, los gastos e inversiones eran por cuenta del concesionario y el país recibía en regalías entre 7 y 14% de la producción. Una vez terminado el periodo de concesión los bienes e instalaciones revertían al Estado. Luego de la primera explotación petrolera formal de 1905, la actividad se incrementó considerablemente en el país, dando como resultado la perforación de 17 pozos para 1924, la creación en 1948 la Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL) 7 y la llegada al país de algunas de las compañías petroleras más reconocidas a nivel mundial que se hicieron con los contratos que hasta finales del siglo XX e inicios del XXI fueron revertidos al Estado. En esa época el sector presentó una mejoría que, si bien llevo a un crecimiento, no consiguió mantenerse estable, especialmente porque el Estado colombiano no realizaba ningún control sobre el territorio, llevando a que a pesar de la continua producción no tuviera suficiente petróleo para atender los requerimientos internos, obligándolo a importar hidrocarburos a partir de mediados de En el ámbito normativo (López, Montes, Garavito y Collazos: 2012) 8 describen los hitos más importantes de la legislación petrolera en Colombia, empezando por la Ley 120 de 1919, la cual define el término hidrocarburos y se estipula que la industria que explota este bien y la construcción de oleoductos son de utilidad pública. Se fijan los primeros impuestos para estas actividades. Así mismo se dispuso en materia de regalías la división del territorio de la República en tres zonas, las cuales pagarían impuestos de explotación del producto bruto, de acuerdo con su distancia de la orilla del mar. (López et al, 2012, 6 Al respecto, pueden revisarse como antecedentes normativos el artículo 22 de la Constitución Política de 1886 y el artículo 332 de la Constitución Política de Ecopetrol sería la responsable de la reversión de las concesiones de Documento La economía petrolera en Colombia (Parte I) Marco legal - contractual y principales eslabones de la cadena de producción ( ) realizado por los siguientes autores Enrique López, Enrique Montes, Aarón Garavito y María Collazos para el Banco de la Republica en el 2012 el cual contiene una gran información de las principales leyes del sector petrolero. 17

18 p. 8). En el mismo sentido las Leyes 120 de 1928 y 37 de 1931 legislaron sobre la propiedad del suelo y subsuelo, y la Ley 37 determinó que el petróleo, de propiedad de la nación, solo podrá explotarse en virtud de contratos que se inicien y perfeccionen de conformidad con esa ley. Estos contratos, en la modalidad de concesión generaban regalías a favor de la nación y en el caso particular de explotaciones particulares estas generaban impuestos para el Estado. En ambos casos se aplicaban tablas que tenían en cuenta la distancia al puerto. (López et al, p. 8) Para 1936 se expidió la Ley 160, que fijó un nuevo marco normativo para la propiedad particular del petróleo. Esta ley tuvo avances importantes en cuanto a la definición y reglamentación de la actividad de exploración, explotación y sobre los contratos de concesión celebrados entre el Estado y los particulares. (López et al, p.8) Así mismo, ( ) la Ley 10 de 1961 estableció mejores condiciones para el Estado en los contratos, reduciendo la fase exploratoria, la aceleración del retorno de la extensión de terreno involucrada, el mejoramiento en la utilización del gas natural y el aumento de la participación del gobierno en la producción. (Arce, 2004 citado en López et al: 2012) En 1969 el Gobierno Nacional promulgó la Ley 20, que sustituyó el régimen de Concesiones vigente por el Contrato de Asociación, este último, entraría como instrumento jurídico que le otorgaría preferencias a Ecopetrol para negociar la búsqueda y la explotación de hidrocarburos durante 34 años, que aumentó el valor de las regalías del 11.5% al 20%, cambió la distribución de la producción (20% regalías, 40% asociado, y 40% ECOPETROL), y constituyó contratos de administración conjunta entre el Asociado y ECOPETROL. Las razones que llevaron a la sustitución del Régimen de Concesiones por un Contrato de Asociaciones fueron los trámites gubernamentales lentos y dispendiosos, además de la falta de trabajos exploratorios, a pesar de la congelación de las áreas a explorar. Sin embargo, la Ley 20 no creó el Contrato de Asociación, que ya había sido introducido por ECOPETROL en 1955 para la prospección y explotación de yacimientos en Las Monas (Santander), con Cities Service Petroleum Corporation como operador (ECOPETROL: 2013). En parte la modificación de los contratos le permitió al Estado recuperar el derecho a controlar el territorio donde se ubicaban los recursos petroleros y dio paso a sociedades favorables para la economía del país, que llevaron a que durante gran parte de la década de los años 70 y 80 ECOPETROL, y las compañías privadas, participaran con un 50/50 en la inversión y la producción bajo el esquema de riesgo asumido por la compañía privada y la participación de ECOPETROL como asociado, vigente solo al momento de comprobarse la existencia de un campo comercial (Hernández, 2004:. 9). Pero fue solo hasta la década de los años ochenta que el incremento en la exploración de pozos fue relevante (73 para 1988), con el descubrimiento del Campo Caño Limón, en asocio entre OXY y ECOPETROL en 1983 y el Campo Cusiana - Cupiagua en 1991 en asocio entre British Petroleum Company y ECOPETROL. Estos dos campos permitieron a Colombia lograr autosuficiencia petrolera, al punto de lograr los volúmenes necesarios para iniciar exportaciones de crudo en Posteriormente en 1989, con el propósito de obtener una mayor renta petrolera, se hicieron algunas modificaciones al esquema en los denominados contratos 50/50, que permitían a ECOPETROL incrementar en un 5% su distribución cuando se reunían dos condiciones: Alcanzar los 60 millones de barriles y luego por cada 30 millones de barriles 18

19 de excedentes se aplicaría el 5% adicional para ECOPETROL. En la práctica estas medidas llevaron a tener los más bajos niveles de exploración en el país, porque desestimularon la inversión y llevaron a que en el país solo tuviera 8 pozos explotados en Bajo estas circunstancias el Congreso de la Republica creó en 1994 el Fondo Nacional de Regalías 9 y la Comisión Nacional de Regalías, otorgándole al primero el porcentaje de regalías que antes se destinaba para la nación, que correspondía al 20% ya que el 80% restante eran distribuidos de manera directa entre los municipios y departamentos en los que existía exploración o explotación de los recursos naturales no renovables. Los parámetros porcentuales de la distribución de lo percibido por el Fondo Nacional de Regalías son modificados en el 2002 quedando de la siguiente manera: 20% serían destinados a la promoción de la minería, 20% a la preservación del medio ambiente y 59% de la financiación prioritaria de proyectos regionales de inversión. Con la continuación de las difíciles condiciones que llevaron al país a tener una caída significativa en las reservas de crudo y con los niveles de inversión a la baja hasta 1999, el Gobierno decide realizar un cambio importante en la estructura petrolífera del país, motivado por la necesidad de internacionalizar, actualizar y hacer más competitivo el sector. Aparece entonces la Ley 756 del que modifica la Ley 141 de 1994 y establece criterios de distribución, eliminando las regalías constantes del 20% por un sistema de regalías variables del 8% a 25%, con el argumento de que los campos pequeños no eran suficientemente atractivos y por ende era mejor hacer una modificación a las regalías desde un porcentaje menor. Se crea también el Decreto 1760 de 2003, con el cual se dan tres grandes cambios, primero se modifica la estructura orgánica de la Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL) y la convierte en Ecopetrol S.A 11, una sociedad por acciones, ciento por ciento estatal, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, que se encargaría exclusivamente del negocio petrolero con la exploración, producción, transporte, refinación y comercialización de hidrocarburos. En segundo lugar, se crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH, entidad que se encargaría de administrar y regular el recurso hidrocarburifero de la nación; estos dos primeros cambios, estarían a la par de las tendencias de las compañías petroleras del mundo que para hacerse más competitivas optaban por hacer una separación de las funciones de las empresas estatales. 9 Puede revisarse la Ley 141 de 1994 Por la cual se crean el Fondo Nacional de Regalías, la Comisión Nacional de Regalías, se regula el derecho del Estado a percibir regalías por la explotación de recursos naturales no renovables, se establecen las reglas para su liquidación y distribución y se dictan otras disposiciones. 10 Véase el documento completo en RNV46g%3D&tabid= Con la expedición del Decreto 1760 del 26 de Junio de 2003 modificó la estructura orgánica de la Empresa Colombiana de Petróleos y la convirtió en Ecopetrol S.A., una sociedad pública por acciones, ciento por ciento estatal, vinculada al Ministerio de Minas y Energía y regida por sus estatutos protocolizados en la Escritura Pública número 4832 del 31 de octubre de 2005, otorgada en la Notaría Segunda del Circuito Notarial de Bogotá D.C., y aclarada por la Escritura Pública número 5773 del 23 de diciembre de

20 Y en tercer lugar se remplaza el contrato de asociación por el nuevo contrato de regalías, impuestos y derechos, modelo que contempla 3 etapas diferentes y separadas: exploración, evaluación y explotación, cuya duración está alineada con los estándares internacionales y genera una participación para el Estado entre el 50 y 60%. De las modificaciones hechas, principalmente al contrato, es posible resaltar las siguientes: cada empresa podía invertir donde quisiera, invertía a su propio riesgo, pero a cambio recibía, luego de pagar regalías, el 100% de los derechos de producción, es decir, ECOPETROL participaba como un competidor más, la empresa privada no tenía obligatoriedad de asociarse con ella y los inversionistas podrían realizar la exploración por 6 años y la explotación por 24 años (Hernández, 2004). Las regalías por su parte no tenían modificación, seguirían variando del 8% al 25%, las cuales son escalonadas para estimular los proyectos pequeños y medianos, y el Estado recibiría unas contraprestaciones por medio de la AHN, si el proyecto resultaba más rentable de lo previsto. En este sentido la ANH, se encargaba de asegurar que los compromisos fueran cumplidos dentro de la mejor práctica industrial por parte de las compañías privadas, pero no tiene participación en sus decisiones financieras y técnicas. Durante el 2004 le corresponde al Departamento Nacional de Planeación controlar y vigilar directamente, o mediante interventores, la adecuada utilización de los recursos provenientes de las regalías y compensaciones que provinieran de la explotación de recursos naturales no renovables de propiedad del Estado. Para el 2011 se constituye el nuevo Sistema General de Regalías, el cual fue sancionado por el Acto Legislativo 05 de ese mismo año y surge con el propósito de ajustar el régimen de regalías al nuevo marco constitucional, que entró en operación solo hasta el 2012, determinando la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables. Como principales diferencias con el anterior Sistema de Regalías se destaca la creación de distintos fondos cuyos objetivos están enmarcados dentro de los siguientes cuatro pilares: 1) La equidad social y regional, 2) El ahorro para el futuro, 3) La competitividad regional, y 4) El buen gobierno. Así mismo, la distribución de los recursos sería con todos los departamentos del país a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación FCTI con un 10%, Fondo de Desarrollo Regional - FDR con un 16%, y el Fondo de Compensación Regional FCR con un 24%. El ahorro se haría a través del Fondo de Ahorro y Estabilización - FAE con un 30% y del Fondo de Ahorro Pensional Territorial FONPET con un 10%, y finalmente un 10% que correspondería a títulos de regalías directas. Por otro lado, los recursos derivados de las regalías son de libre inversión, pero definidos por los Órganos Colegiados de Administración y Decisión OCAD, encargados de definirlos los proyectos de inversión, evaluarlos, viabilizarlos, priorizarlos, aprobarlos y designar su ejecutor. Con base en esta revisión histórica y sin entrar a evaluar el nuevo Sistema General de Regalías, será posible dar una caracterización básica de las instituciones económicas del 20

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