DENUNCIA HECHO NUEVO. CUESTION ABSTRACTA RESUELVA CON CARÁCTER DE PRONTO DESPACHO. SR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL


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1 DENUNCIA HECHO NUEVO. CUESTION ABSTRACTA EN SUBSIDIO CONTESTA TRASLADO RESUELVA CON CARÁCTER DE PRONTO DESPACHO. SR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL CARLOS JOSE MARIA FACAL, DNI en su carácter de Presidente de la Fundación Poder Ciudadano, con el patrocinio letrado del Dr. JUAN PATRICIO JACQUIER DNI , con domicilio real denunciado y procesal constituído en calle Vicente Casares Nº1316 de Posadas, en autos Expte. Nº184 BIS VIII/06 PODER CIUDADANO S/ PRESENTACIO ELECCIONES CONVENCIONALES CONSTITUYENTES 29 /10 /06 ante V.E. comparezco y respetuosamente digo: I.- Denuncia Hecho Nuevo. Petición devenida en abstracta. Se resuelva. Que atento a la información publicada por medio del sitio web oficial del Tribunal Electoral por el cual desde las 22hs. dia 25/10/06, se ha habilitado una lista, con el objeto de acompañar al Alto Cuerpo el dia del acto eleccionario y posteriormente el de su escrutinio y que en copia simple adjunto, vengo por este acto a manifestar que dicha resolución de cierto modo recepta lo peticionado en autos por la Fundación que presido. Por tanto y siempre conforme a lo informado por el sitio oficial del Tribunal, la cuestión suscitada en autos deviene en abstracta y, en tanto no sea modificada posteriormente, se estaría peticionando una autorización que ya fue concedida por el Tribunal al habilitarse dicha inscripción, siempre conforme a la información oficial del mismo Alto Cuerpo.

2 II.- CONTESTA TRASLADO. II.A.- SOBRE FALTA DE ANTECEDENTES Que subsidiariamente vengo por este acto en tiempo y forma a contestar el traslado dispuesto en autos notificado mediante cedula 1630/06 peticionando desde ya que así se tenga por contestado y se rechace in limine las impugnaciones vertidas por el Frente Renovador obrantes a fs. 36/56 en mérito a las razones fácticas y jurídicas que acto seguido paso a exponer: Que en mi carácter de Presidente de la Fundación Poder Ciudadano y Presidente del Conejo de Administración conforme a lo dispuesto por el Estatuto de la Fundación Poder Ciudadano y por el Poder conferido por la Fundación cuyas copias obran en autos, manifiesto respecto a la de toma de decisiones en los objetivos y atribuciones; aclarando a V.E. que respecto a los objetivos de la Fundación no son de carácter rígidos, ya que luego de plasmar los específicos en el Art. 2. Pto 1, vemos que el Art. 2 Pto. 9) de los Propósitos y Objetivos establece: Los propósitos y objetivos precedentemente transcriptos son simplemente enunciativos y no limitan ni descartan otras formas de cumplimiento del objeto y propósito de la fundación, la que tendrá para la consecución de sus fines todos los derechos y capacidades que la ley le acuerda a las personas jurídicas de su tipo. Por tanto concomitantemente con todos los objetivos y propósitos de la Fundación la consecución de los fines enunciativos en su articulo 2.1 y 9 no es necesario incorporar al texto fundacional ni siquiera el dictamen de una resolución que faculte al Presidente de la Fundación presentarse y

3 peticionar acceso a la información pública respecto al desarrollo del acto electoral de la provincia de Misiones. Para ello recuerdo con todo respeto que el Estatuto Fundacional prevee categóricamente y me atrevo a reproducirlo Articulo Décimo: La representación legal de la Fundación corresponde al Consejo de Administración y sera ejercida por el Presidente o Vicepresidente, en su caso. Por lo tanto la manifestación de la apoderada del Frente Renovador que no acompaño acta y/o resolución del Consejo que me habilite a realizar en nombre de la Fundación algún tipo de prestación respecto a las elecciones Convencionales Constituyentes en Misiones deviene en malicioso y dilatorio. Ya que el Art. Citado es de meridiana claridad y no es necesario un objeto especifico referente al acto eleccionario misionero ya que de ser tal lo pretende la apoderada impugnante deberíamos modificar permanentemente nuestro estatuto social y/o para presenciar un acto eleccionario la necesidad de una resolución del Consejo de Administración, cuando esas actividades son naturales al objeto social de nuestra Fundación y no importa alcance extraordinario alguno. Quizás lo haya malinterpretado la apoderada del Frente Renovador ya que sí constituye un acto de carácter extraordinario el llamado a elecciones a efectos de modificar un articulo de la Constitución, hecho sobre el cual se determina por ley especial al efecto; pero para una Fundación como Poder Ciudadano cuyo propósito es velar por la adecuada y correcta información al ciudadano y contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas peticionar participar tal como lo he efectuado en autos es

4 una practica que no excede en absoluto el carácter de ordinario dentro de la vida de la Fundación. Por tanto estando acreditada personería conforme al Acta Fundacional y por aclarada representación respecto a mi doble calidad de Presidente de la Fundación y del Consejo de Administración y conforme a lo dispuesto en el art. 10 ut supra citado, peticiono desde ya se rechace in limine el planteo de falta de personería. II.B.-CONTESTA FALTA DE ANTECEDENTES: Decir que nuestra fundación carece de antecedentes en la participación y control de la vida democratica y de las instituciones, y respecto a la falta de antecedentes de la Fundacion Poder Ciudadano como artilujio deja entrever el mero carácter dilatorio de la petición, sabiendo perfectamente que la Camara Electoral Nacional no podrá cumplimentar el informe antes del dia 29/10/06. De haber querido antecedentes bastaba con ingresar a nuestro sitio web tal como lo hizo la apoderada del FR para obtener informes de diarios que ella misma adjunta como documental. Alli encontrara sobrada carta de antecedentes de nuestra Fundación con mas de 15 años de labor ininterrumpida a nivel nacional e internacional. Es notorio que interesa muy poco al Frente Renovador la participación de las Ong s porque admite que las mismas no pueden acceder a la información sin generar un caos. Y si estas intentaran participar alguna vez, le estarían efectuando idéntico planteo que en el de autos, es decir que informen a cuantas elecciones ha participado como veedor, sabiendo desde ya la respuesta.

5 Aplicando la misma lógica pueden cuestionar mañana a cualquier ciudadano que quiera presentarse a una elección como diputado (por ejemplo) pidiendo se libre oficio a la Cámara de Diputados de la Nación para ver cuantas veces fue diputado anteriormente con el objeto de ver sus antecedentes. Por lo tanto tratándose de una mera medida dilatoria carente de sustento fáctico y jurídico y tratándose de una ONG de publico y notorio reconocimiento social peticionamos desde ya se rechace el pedido de libramiento de oficio en la forma y a los fines peticionados por la apoderada del Frente Renovador. DERECHO A LA INFORMACION El libre acceso a la información pública es un derecho consagrado en nuestra Constitución Nacional (artículo 75 inciso 22 CN) desde la reforma de Anteriormente, el artículo 14 también dejaba claro el derecho a peticionar a las autoridades y a expresar las ideas por parte de la prensa. La inclusión expresa del derecho a la información en el '94 no fue casual: nuevos artículos de nuestra Constitución como éste apuntan a promover la transparencia en la función pública, combatir la corrupción, ayudar a la participación de los ciudadanos, etc., fundamentados además en tratados internacionales y legislaciones de varios países del mundo, que buscan mejorar el funcionamiento de la democracia. El efectivo ejercicio de este derecho nos permite a los ciudadanos, entre otras cosas, monitorear y controlar la gestión pública; formarnos opinión sobre diversos temas y poder participar, debatiendo con fundamentos;

6 fomentar la transparencia en la gestión del Estado, mejorando la calidad de sus instituciones, etc. Luego de la inclusión en 1994 en la Constitución, dos iniciativas más confirmaron el rumbo que comenzaba a tomar nuestro país en la materia. En Mayo de 2003, la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción al proyecto de ley de Acceso a la Información impulsado por varias organizaciones no gubernamentales (aunque hoy corre el riesgo de perder estado parlamentario por no ser aprobada en el Senado). A su vez, a fines de 2003, el Presidente Néstor Kirchner firmó el Decreto 1172/2003 que reglamenta el derecho constitucional de acceso a la información pública, para las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo Nacional. También establece el proceso de elaboración participativa de normas, audiencias públicas y la gestión de intereses (lobby) en ese ámbito. En cuanto a las provincias, varias de ellas ya cuentan con su propia ley provincial de Acceso a la Información: Río Negro, Chubut, Jujuy, Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, así como los gobiernos municipales de Buenos Aires, Usuahia y Gral. Pueyrredón. La provincia de Santa Fe, pese a los intentos de varios legisladores de la oposición, todavía hoy no cuenta con una ley de acceso a la información. Lejos de ello, la ciudadanía se vio sorprendida por la media sanción de un proyecto impulsado por el gobernador Jorge Obeid, que incluye una serie de condicionamientos que desvirtúan profundamente este derecho, convirtiéndose en peor el remedio que la enfermedad.

7 Con sólo repasar variados hechos ocurridos en los últimos años en el ámbito político de esa provincia, podremos concluir que existe una buena dosis de discrecionalidad acerca de qué información se brinda y a quiénes. Por otro lado, parecería existir una suerte de monopolio de la información por parte de ciertos actores dentro de la administración pública, lo cual impide que aquélla se sociabilice. Se asiste en los hechos, así, a la presencia de una estructura burocrática armada con el fin de no informar o, al menos, de informar sólo aquello que le conviene a ella o al poder político de turno. Eso se refleja en la existencia de procedimientos excesivamente complicados que dificultan todo acceso a la información por parte del ciudadano común. Al mismo tiempo, se ha ido conformando una cultura administrativa que dificulta el acceso a lo que se debe saber, en buena medida como consecuencia de la falta de capacitación de los agentes públicos para brindar información. Cultura que se ve reforzada por la ausencia en el Estado de la obligación de producir, actualizar y difundir la información pública por medio de sistemas de acceso ciudadano masivo. Estas dificultades se acrecientan por cierta pasividad de la propia ciudadanía para ejercer su derecho de acceso a la información y por su falta de conocimiento acerca de cómo ejercer ese derecho. Es vital, entonces, que una ley determine con claridad mecanismos sencillos para que la ciudadanía pueda acceder a todo lo que necesita saber y que la administración pública la facilite sin excusas. Por ello V.E concluimos que:

8 - La sola condición de ser ciudadano habilita a requerir información, sin ningún otro motivo que la voluntad de participar en el proceso de control de los actos de gobierno. De ninguna manera el Estado puede exigir del requirente la demostración de un interés legítimo. No puede ser el mismo gobierno el que decida si brinda o no la información, evaluando en cada caso si existen buenas razones para que un ciudadano la solicite. - La información que debe proveerse puede ser de cualquier naturaleza, ya sea que sirva de base a un acto administrativo, legislativo o judicial, se trate de minutas o incluso actas de reuniones oficiales. Ésta puede estar contenida en cualquier tipo de formato: escritos, fotográficos, grabaciones, soportes magnéticos o digitales, etc. y todos aquellos formatos nuevos para almacenar información que vayan surgiendo, fruto de los avances tecnológicos. - Los plazos para responder la información requerida deben ser breves, ya que de lo contrario la información dejaría de ser oportuna. Uno de los mecanismos habituales de impedir el acceso a la información justamente es negarla a través de su dilación o su omisión. - Para garantizar el derecho al más pleno acceso a la información se debe establecer la gratuidad del procedimiento: el Estado tiene la obligación de no establecer restricciones, entre ellas las económicas. - Se deben establecer claramente las responsabilidades de los funcionarios que no cumplan con esta ley, obstruyendo, obstaculizando o suministrando en forma incompleta la información requerida. Estas responsabilidades deben ser administrativas o penales, si correspondieran.

9 - Deben ser fijadas claramente las excepciones del acceso a la información: no puede exigirse la que afecte la intimidad de las personas, el curso de causas que se tramitan en la justicia, el secreto profesional, o casos de seguridad nacional, ni la información que pueda ser aprovechada económicamente por el particular. La información es la regla, el secreto la excepción. II.C.-CONTESTA FALTA DE IMPARCIALIDAD. Acumulando diversas fotocopias de diarios locales y nacionales se pretende manifestar que la Directora Ejecutiva de nuestra Fundación ha incurrido en una suerte de falta de parcialidad cuando es sabido que lo primero que ha intentado fue reunirse con TODOS LOS ACTORES INVOLUCRADOS y esto quedo reflejado en TODOS LOS MEDIOS ya que fue UNA SOLA CONFERENCIA DE PRENSA la convocante en la que claramente se expreso que Poder Ciudadano intentó reunirse con el gobernador Carlos Rovira y con los apoderados del oficialista frente de la Concordia Social, pero las gestiones fueron infructuosas. Por tanto mal puede hablar la apoderada del Frente Renovador de parcialidad cuando han sido ellos quienes se negaron a recibir a la Directora Ejecutiva de nuestra Fundación. Y eso no es un invento nuestro sino que surge de la documental que la misma adjunta a autos para intentar decir lo contrario (Publicación Diario El Territorio de fecha 19/10/06). En otro recorte periodístico (en este caso Misiones Online) publico al respecto de Poder Ciudadano Además convocará a todas las ONG y lideres sociales del país a ser parte del proceso Es decir que la Fundación no se arroga como facultad única y excluyente de las demás Ong s el acceso a la información

10 sino que pretende generar un llamado a toda la ciudadanía y asociaciones a participar en este proceso. Por ello no puede manifestar la apoderada del Frente Renovador que Poder Ciudadano falta a la imparcialidad. No existe juicio de valor anticipado sino que las apreciaciones que pudieren darse son en marco de las reuniones sostenidas con los actores que SI han aceptado comunicar sus situaciones. Párrafo aparte merece el hecho de que no solamente son expresiones de un sector sino que provienen de un intenso trabajo de dialogo con la sociedad misionera individual y de nuestros voluntarios en la provincia. III.- PETITORIO: por lo precedentemente expuesto a V.E. peticiono: A.- Atento a la denuncia de hecho nuevo generado por el Tribunal Electoral de Misiones respecto a la habilitación de listas oficiales conforme lo plateado en el acápite I. Se agregue a autos la documental que en copia simple se adjunta y tenga a resolver esta sin mas trámite como cuestión abstracta en mérito a la coincidencia aparente entre lo peticionado y lo ya dispuesto por el Tribunal Electoral de Misiones. B. Subsidiariamente por contestado en tiempo y forma el traslado dispuesto en autos. C. Por manifestado oposición al libramiento de oficio en merito a las manifestaciones vertidas en el pto. III. D. Imprima el carácter de pronto y preferente despacho y pase autos a Resolver. Proveer de conformidad. SERA JUSTICIA.-

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